¿Qué implica la declaración de emergencia nacional en la frontera sur?
La primera orden ejecutiva firmada por Trump declara una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos. Esta medida permite al gobierno federal acceder a recursos adicionales y desplegar personal militar para apoyar los esfuerzos de control fronterizo. Pero, ¿qué significa esto en la práctica?
La declaración de emergencia nacional autoriza al Departamento de Defensa a enviar tropas a la frontera para asistir en tareas logísticas, proporcionar espacio de detención y ayudar con el transporte de migrantes. Sin embargo, es importante destacar que, según la Constitución, las fuerzas armadas no pueden hacer cumplir leyes domésticas.
Esta acción también revive los esfuerzos para completar la construcción del muro fronterizo, un proyecto emblemático de la primera administración de Trump. La declaración de emergencia permite al gobierno redirigir fondos de otras áreas para financiar la construcción de barreras físicas a lo largo de la frontera con México.
Además, la orden ejecutiva instruye al Departamento de Seguridad Nacional a implementar medidas adicionales para reforzar la seguridad en la frontera sur, incluyendo el despliegue de tecnología avanzada de vigilancia y la contratación de más agentes de la Patrulla Fronteriza.
¿Cómo afectarán los cambios en las políticas de asilo a los solicitantes?
Una de las órdenes ejecutivas más controvertidas es la suspensión del programa CBP One, una aplicación gubernamental que permitía a los migrantes programar citas para solicitar asilo en los puertos de entrada fronterizos.
El cierre de CBP One elimina una vía legal importante para los solicitantes de asilo. Desde su lanzamiento, la aplicación había procesado más de 936,000 citas, proporcionando un camino ordenado para que los migrantes buscaran protección en Estados Unidos. Con su eliminación, miles de solicitantes de asilo se quedan sin una forma legal de ingresar al país.
Además, Trump ha firmado una orden para reinstaurar la política “Quédate en México”, oficialmente conocida como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Esta medida requiere que los solicitantes de asilo esperen en México mientras se procesan sus casos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Durante la primera implementación de esta política, más de 70,000 migrantes quedaron varados en ciudades fronterizas mexicanas con altos índices de criminalidad.
La administración Trump también ha anunciado planes para suspender el programa de reasentamiento de refugiados por al menos cuatro meses. Esta decisión interrumpe la admisión de refugiados en Estados Unidos, limitando aún más las vías de ayuda humanitaria.
Otro programa que fue suspendido fue el Parole Humanitario (CHNV) que permitía a ciudadanos de ciertos países, como Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, ingresar temporalmente a Estados Unidos por razones humanitarias. Este programa otorgaba permisos de entrada a personas que huían de situaciones de violencia o crisis en sus países de origen, brindándoles una oportunidad para vivir y trabajar de manera legal en Estados Unidos por un tiempo limitado. La cancelación de este programa ha dejado a miles de personas vulnerables sin opciones de protección, generando gran preocupación entre las comunidades inmigrantes que dependían de esta vía para encontrar seguridad.
¿Qué medidas se están tomando para aumentar las deportaciones?
Trump ha firmado una orden ejecutiva titulada “Protegiendo a los estadounidenses de una invasión”, que establece nuevas prioridades de detención y deportación.
La orden establece que cualquier persona que haya ingresado al país de forma ilegal o que permanezca sin documentos puede ser sujeto de detención, enjuiciamiento y posterior deportación. Esto amplía significativamente el alcance de las acciones de aplicación de la ley de inmigración.
Además, la orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional a tomar medidas para aumentar la capacidad de detención de inmigrantes. Esto incluye la construcción y operación de nuevas instalaciones de detención, así como la firma de contratos con centros de detención privados.
Trump también ha ordenado el fin de la práctica conocida como “captura y liberación”, que permitía a algunos inmigrantes sin un estatus definido permanecer en libertad mientras esperaban sus audiencias en los tribunales de inmigración. Ahora, la administración buscará detener a todos los inmigrantes sin un estatus definido hasta que puedan ser deportados.
La orden también promueve la cooperación entre las autoridades federales de inmigración y las agencias locales de aplicación de la ley. Esto incluye la expansión de los acuerdos 287(g), que permiten a los agentes de policía locales actuar como agentes de inmigración.
¿Es posible eliminar la ciudadanía por nacimiento?
Una de las órdenes ejecutivas más controvertidas de Trump es su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes sin estatus legal nacidos en Estados Unidos.
La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que todas las personas nacidas en el país son ciudadanas, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Cambiar esto requeriría una enmienda constitucional, un proceso largo y complejo que necesita el apoyo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartos de los estados.
La orden ejecutiva de Trump instruye a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes que no tienen un estatus definido nacidos en Estados Unidos. Sin embargo, esta orden enfrenta serios obstáculos legales y es probable que sea impugnada en los tribunales.
Expertos legales y grupos de derechos civiles ya han anunciado que presentarán demandas para desafiar esta orden, argumentando que viola la Constitución y décadas de precedentes legales.
¿Cómo afectarán estas medidas a nuestra comunidad?
Las órdenes ejecutivas de Trump tendrán un impacto significativo en nuestra comunidad latina en Estados Unidos, tanto para los inmigrantes sin estatus definido como para los residentes legales y ciudadanos.
Para las personas sin estatus definido, el riesgo de detención y deportación aumenta considerablemente. La expansión de las prioridades de deportación significa que prácticamente cualquier persona sin estatus podría ser objetivo de las autoridades de inmigración, independientemente de cuánto tiempo hayan vivido en el país o si tienen lazos familiares con ciudadanos estadounidenses.
Las familias mixtas, donde algunos miembros son ciudadanos o residentes legales y otros no tienen un estatus definido, enfrentan la posibilidad de ser separadas. Esto puede tener efectos devastadores en los niños y las comunidades.
Para los solicitantes de asilo y refugiados, las nuevas políticas hacen que sea mucho más difícil obtener protección en Estados Unidos. La eliminación de vías legales como la aplicación CBP One y la suspensión del programa de reasentamiento de refugiados dejan a muchas personas vulnerables sin opciones seguras.
Incluso para los latinos que son ciudadanos estadounidenses, estas políticas pueden generar un clima de miedo y discriminación. El aumento de la aplicación de las leyes de inmigración y la retórica en torno a estas políticas pueden llevar a un aumento del perfil racial y la discriminación contra las personas percibidas como inmigrantes.
¿Cómo puedes protegerte?
Ante estas nuevas políticas, es crucial que nuestra comunidad conozca sus derechos y los recursos disponibles:
- Conoce tus derechos: Independientemente de tu estatus migratorio, todas las personas en Estados Unidos tienen ciertos derechos constitucionales. Esto incluye el derecho a permanecer en silencio y el derecho a un abogado en procedimientos penales.
- Busca asesoría legal: Si es posible, consulta con un abogado de inmigración de confianza para entender tu situación específica y tus opciones legales. Muchas organizaciones sin fines de lucro ofrecen servicios legales gratuitos o de bajo costo para inmigrantes.
- Prepara un plan de emergencia: En caso de detención o deportación, es importante tener un plan para el cuidado de los niños, el manejo de las finanzas y la comunicación con familiares.
- Manténte informado: Sigue las noticias y los anuncios oficiales sobre cambios en las políticas de inmigración. Las organizaciones de derechos de los inmigrantes a menudo proporcionan actualizaciones y recursos útiles.
- Conoce las organizaciones locales de apoyo: Muchas comunidades tienen grupos que ofrecen apoyo a los inmigrantes, desde asistencia legal hasta ayuda con necesidades básicas.
- Considera opciones de regularización: Si eres elegible para alguna forma de alivio migratorio, como DACA o TPS, considera solicitarlo con la ayuda de un abogado.
¿Qué recursos tienes disponibles?
Las siguientes organizaciones te pueden brindar apoyo y recursos adicionales frente a estas órdenes ejecutivas:
- American Civil Liberties Union (ACLU): Proporciona defensa legal y asesoría en temas de derechos civiles, incluyendo inmigración.
- National Immigration Law Center (NILC): Brinda apoyo legal y recursos educativos para inmigrantes de bajos ingresos.
- United We Dream: Organización dirigida por jóvenes inmigrantes que ofrece información, apoyo comunitario y defensa de los derechos de las personas sin estatus legal.
- Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA): Proporciona servicios legales, educación comunitaria y apoyo para integrarse en la sociedad estadounidense.
- Immigrant Legal Resource Center (ILRC): Ofrece capacitación y recursos legales para inmigrantes y abogados de inmigración.
- RAICES (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services): Brinda servicios legales gratuitos y de bajo costo para refugiados e inmigrantes.
- Catholic Legal Immigration Network (CLINIC): Proporciona apoyo legal a través de una red de organizaciones católicas en todo el país.
Las órdenes ejecutivas de Trump marcan un cambio significativo en la política de inmigración de Estados Unidos, con implicaciones de largo alcance para millones de personas. Mientras que algunos ven estas medidas como necesarias para la seguridad nacional y el control de la inmigración ilegal, otros las consideran radicales y potencialmente dañinas para la economía y el tejido social del país.
Es probable que veamos batallas legales prolongadas sobre muchas de estas políticas, y el debate sobre la inmigración seguirá siendo un tema central en la política estadounidense. Mientras tanto, es crucial que las comunidades afectadas conozcan sus derechos, busquen apoyo legal cuando sea necesario y se mantengan informadas sobre los desarrollos en curso.
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